Colombia es un caso atípico por las presiones que ha recibido de la industria farmacéutica

Sergio Silva Numa / @SergioSilva03

Luis Villarroel Villalón, quien lideró el proceso para que los medicamentos para curar la hepatitis C fueran comercializados por más empresas en Chile, dice que su país nunca fue presionado por entidades o empresas extranjeras para frenar la iniciativa.

En Colombia el tratamiento para la hepatitis C cuesta entre $23,5 millones y $29 millones. Según los cálculos de Ifarma, con la licencia obligatoria podría conseguirse a $1 millón. Pxhere
Luis Villarroel Villalón / Foto: Cortesía.

A finales de diciembre de 2017 el Ministerio de Salud colombiano tomó una decisión que ha generado muchas tensiones. Por medio de una resolución aseguró que empezaría el proceso para estudiar si había o no razones suficientes para declarar los tratamientos para la hepatitis Ccomo de interés público. Es decir, abrió una puerta para analizar si las compañías que hoy venden de manera exclusiva esos medicamentos dejarán de tener el derecho exclusivo para comercializarlos.

Desde entonces, el anuncio ha levantado varios disgustos. Afidro, el gremio que reúne a las principales multinacionales farmacéuticas en Colombia, ha hecho pública su oposición en varias oportunidades. Además, también han llegado misivas de entidades internacionales haciendo advertencias. Alejandro Gaviria, ministro de Salud, por ejemplo, recibió en enero una carta en la que le sugerían que la iniciativa podría amenazar el ingreso de Colombia a la OCDE. La firmaba PhRMA, una asociación que reúne productores de medicamentos biotecnológicos en Estados Unidos. “Este tipo de amenazas son inquietantes. ¿Debe expulsarse a Chile de la OCDE por hacer algo similar?”, se preguntaba Gaviria en una entrevista en Blu Radio.

Un par de meses después de que lanzara ese interrogante, Chile, justamente, dio un paso que muchos consideraron histórico: por primera vez el Ministerio de Salud de ese país declaró que “por razones de salud pública” se justificaba otorgar una licencia obligatoria sobre los derechos de los medicamentos para la hepatitis C. En otras palabras, daba su aval para que la multinacional estadounidense Gilead no fuese la única empresa autorizada para vender los fármacos. Era la primera vez que tomaba una decisión de ese tipo en ese país.

Cuando le pregunto sobre las presiones internacionales que enfrentó Chile en ese proceso, Luis Villarroel Villalón se sorprende. “Nunca las tuvimos. Nunca pasó algo parecido a lo que ha sucedido en Colombia”,responde. Él, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y ex asesor en temas de propiedad intelectual del gobierno chileno, es el director de Innovarte, la organización que lideró la petición para reducir el precio de los tratamientos para la hepatitis C. Esta dificultada, según la Organización Mundial de la Salud, los costos de esos antivirales “siguen siendo muy caros en muchos países de ingresos altos y medianos-altos”. Anualmente mueren unas 400 mil personas por ese motivo.

¿Puede algo aprender Colombia de Chile? ¿Por qué las presiones internacionales son evidentes en nuestro país y no en el de Villarroel? El Espectador conversó con él para conocer más de cerca su experiencia.

¿Qué es la Corporación Innovarte?

Es una organización que funciona desde 2008. Nuestra misión es generar competencia para el buen uso de la propiedad intelectual con miras a proteger el acceso al conocimiento y a la innovación. Hemos trabajado en proyectos vinculados a temas de interés público que requieren del uso de la flexibilidad de la propiedad intelectual. Una de nuestras áreas está vinculada con la protección de la salud, en el ámbito de la propiedad intelectual. En esa línea hemos trabajado desde hace dos años y medio para obtener una licencia obligatoria para permitir el acceso a medicamentos de alto costo para hepatitis C y cáncer.

Varias organizaciones de Colombia están intentando lo mismo, en el caso de la hepatitis C. El proceso ya fue autorizado por el Ministerio de Salud. ¿Nos puede explicar un poco cómo fue ese proceso en Chile?

Empezamos a trabajar con asociaciones de pacientes. Les explicamos las posibilidades que se generan si lográbamos una licencia obligatoria. También trabajamos con las autoridades de salud y con parlamentarios. Les explicamos que era un mecanismo que no se usaba en Chile por puro desconocimiento, mas no porque fuera ilegitimo. En 2016 les dijimos que íbamos a empezar con el requerimiento porque considerábamos que había una justificación muy clara para los casos de la hepatitis C y cáncer de próstata. Era por razones de salud pública. La solicitud formal la presentamos en marzo de 2017. Hicimos un trabajo muy intenso con el Congreso, que se convenció de la necesidad de utilizar ese mecanismo. Luego, el Ministerio de Salud emitió de manera inédita una resolución que acoge la petición que le habíamos hecho. Fue una decisión histórica. Es la justificación para que nos den la licencia.

¿Cuál es la justificación detrás de esa petición?

En Chile hay un número importante de pacientes con hepatitis C: más de 5 mil. Por un lado, es un número alto. Por otro, es una enfermedad con efectos devastadores porque produce la muerte si no se trata. Pero tiene cura. El problema es que no se puede proporcionar el medicamento que la cura porque el costo impide su acceso a las personas e impide que el Estado pueda comprarlo para otorgarlo. El Ministerio de Salud solo tiene recursos para comprar 300 de ellos. Es de alto costo pero es anticompetitivo. Entonces, hay un claro problema de salud pública. El Ministerio ha dicho que bajo esas condiciones sí se justifica que se otorgue la licencia para importar un producto más económico.

¿Cuál es el precio del tratamiento en Chile?

Una dosis cuesta US$ 10 mil y necesito tres en combinación con otros antivirales. En total un paciente termina pagando más de US$ 50 mil. El 95% no lo pueda comprar salvo que venda la casa. El mejor precio documentado era US$ 10 mil el tratamiento para los tres meses. Pero pueden variar.

¿Y qué otros pasos tienen que dar?

Estamos a mitad de camino. Los datos ya fueron validados por una autoridad y eso deja claro que la salud está primero. Eso a veces no es tan fácil políticamente pues hay otros intereses que buscan mantener el monopolio. Lo que falta es que el Ministerio de Salud concurra a Instituto de propiedad Industrial y le diga que va a requerir la licencia respecto de estos medicamentos. ¿Cuánto tiempo se demora en hacerlo? Si hay voluntad política, dos meses o un mes. Si no, varios años, aunque se puede otorgar provisionalmente. Es muy parecido al proceso colombiano, aunque el nuestro ya está mucho más avanzado.

En Colombia el Gobierno parece mostrarse favorable, aunque a los ojos de quienes lideran la iniciativa de licencia obligatoria, su respuesta ha sido lenta. En el caso chileno, ¿cómo recibió el Gobierno la propuesta?

La primera respuesta fue una respuesta de duda, porque no tenían claridad de si era o no era legal según el sistema internacional. En otros casos hubo duda de si la enfermedad lo justiciaba o no. Pero, justamente, lo que hicimos fue un trabajo de educación. Vinieron expertos internacionales, el Gobierno hizo varios seminarios con expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se generó la suficiente confianza.

Desde que se anunció la intención de declarar como de interés público los medicamentos para la hepatitis C, un factor frecuente en Colombia ha sido la oposición de la industria. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la posición?

Para ser franco, la industria no tomó este proceso como una tragedia o un problema. Había otros temas de política pública que sentían que les afectaban más. Por ejemplo, estaban más preocupados por la fijación de precios. En realidad, no hubo una reacción agresiva. Como ONG no nos vinculamos con ellos; solamente con los pacientes y la autoridad sanitaria.

¿No opusieron ninguna resistencia?

No pública. Desde luego, se reunieron con la autoridad sanitaria. Pero no soy un testigo de qué le dijo la industria afectada por al Ministerio.

Se lo pregunto porque en Colombia el Ministerio de Salud ha recibido varias cartas de entidades internacionales y del gremio farmacéutico presionando para que el país frene el proceso. Ha sido frecuente ahora, como fue usual en el caso anterior: el del imatinib. ¿Ustedes no se han enfrentado a estas presiones internacionales?

Como ONG y representante de los intereses de los pacientes, puedo decir que no tuve conocimiento de que, remotamente, haya habido algo parecido a lo que ha pasado en Colombia. Acá hemos sabido de la presión indebida en el caso anterior (el del imatinib) y de las amenazas en su país. Pero nada de eso, que yo sepa, ha pasado en Chile y puedo dar fe de que estoy medianamente informado de lo que sucede. Y si ha habido, no se han tomado en cuenta.

¿Por qué cree que en Colombia sí se dan ese tipo de presiones? ¿Cuál es su lectura?

Tal vez eso puede significar un grado de madurez de nuestras autoridades. Es posible que las autoridades norteamericanas entienden que no pueden entrometerse en asuntos internos legitimados nivel internacional. Yo confío en que administración de Estados Unidos actuará de manera correcta y le permitirá a Chile acceder a esta licencia. Yo confío en que van a valorar la institucionalidad chilena. Es una declaración plenamente fundada porque el precio es mucho más alto de lo que se justifica. El caso de las presiones internacionales de la industria en Colombia es atípico. Es posible que sea un poco más vulnerable porque el proceso de paz está en marcha, pero estoy pensando en voz alta. Ojalá en el proceso del proceso del imatinib haya dejado lecciones para Estados Unidos y para la industria y espero que hoy tengan mayor madurez para que no se repitan las presiones.

¿Con qué ojos ve desde Chile las iniciativas colombianas en relación con la regulación de precios de medicamentos?

Colombia está mucho más avanzado que Chile. Ustedes tienen algo increíble: el control de precios de medicamentos. Eso claramente demuestra que ustedes están de lado del interés público. En ese sentido, creo que Colombia es un modelo que seguir. Además, han avanzado en las declaratorias de interés público y eso demuestra mucha madurez en temas de regulación y mucha madurez de la sociedad civil. En eso, ustedes están muy adelantados. Puede que con esta declaratoria de los medicamentos para hepatitis C haya una excepción, pero el nivel de experticia en temas de propiedad intelectual en Colombia es muy alto. Así que este es el momento para que repliquen lo que acabamos de hacer nosotros. Si Colombia lo hace, lo harán muchos más países de la región y habrá un gran desincentivo para que los laboratorios dejen de cobrar precios abusivos. Es una gran oportunidad.

 ¿Qué le recomendaría al Ministerio de Salud ahora que está en marcha un proceso similar al de Chile en relación con la hepatitis C?

La hepatitis C puede ser curada y hoy medicamentos para hacerlo. Malasia e India cuestionaron las patentes y hoy tienen licencia para tratar esta enfermedad sin pagar costos tan altos. Así que lo que yo diría a las autoridades colombianas es que no tiene ningún sentido firmar un Tratado de Libre Comercio que permiten hacer uso de esas mismas disposiciones, si no está dispuesto a usarlas. Si peleaste por estos mecanismos en esas negociaciones y, además, las firmaste, ¿por qué no los usas? Estados Unidos los utiliza. También Europa. De hecho, en EE.UU. se dan muchas más licencias obligatorias que las que se pueden dar en Colombia y Chile juntos. Así que lo que necesitan es ánimo y valor.

 

Origen: Colombia es un caso atípico por las presiones que ha recibido de la industria farmacéutica | ELESPECTADOR.COM

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