Argentina: El trasfondo de una disputa que involucra a miembros de la Corte y el gobierno nacional

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de revisar el reclamo de Farmacity contra la Provincia de Buenos Aires para instalarse en su territorio a contrapelo de la actual legislación abrió el último round de una disputa que parece escapar ya de lo estrictamente judicial. O al menos así lo entiende el Colegio de Farmacéuticos bonaerense, cuyas autoridades denuncian que la mega cadena de farmacias “polirrubros” está recurriendo a influencias políticas para forzar una aprobación que le fue negada en cada una de las instancias previas y que constituiría un atropello a la autonomía de la Provincia en materia de Salud.

Para entender el conflicto es preciso tener presente que en nuestra provincia las farmacias no son un comercio más. Lo mismo que el ferrocarril, están consideradas un servicio público impropio, lo que significa que si bien pueden encontrarse en mano de privados, su funcionamiento está regulado por el Estado en función de prestar un servicio a la comunidad. Es por eso que la habilitación de nuevas farmacias se rige por una regulación de corte sanitarista a fin de garantizar el acceso a medicamentos en cada punto del territorio provincial.

Así lo establece una la ley provincial vigente desde 1987 (la 10.606), según la cual las farmacias deben instalarse a una distancia mínima de 300 metros una de otra y a razón de una cada tres mil habitantes. De esta forma se busca evitar que se concentren sólo en los lugares donde hay mayor demanda comercial en desmedro de otras con menos demanda pero igual necesidad de acceder a medicación. Pero además, en virtud de que las farmacias son consideradas un servicio público, la misma ley impide que estén en manos de sociedades anónimas con un propósito exclusivamente comercial.

Fue en base a esta ley que el ministerio de Salud bonaerense rechazó una solicitud formulada por Farmacity en 2010 para abrir una sucursal en Pilar, punto de partida de la actual batalla judicial. Desde entonces su reclamo para que se declare inconstitucional el artículo de la ley que le impide instalarse en la Provincia ha chocado con el rechazo de la Justicia en cada una de las instancias en que se presentó. Tras recibir fallos en contra en la Justicia Civil platense, la Cámara de Apelaciones de La Plata y la Corte provincial, la cadena apuesta ahora su última ficha a que el máximo tribunal de la Nación tenga otro parecer.

“UN AVASALLAMIENTO”

Lo que para Farmacity constituye una nueva oportunidad de avanzar sobre territorio bonaerense, para el Colegio de Farmacéuticos es “un avasallamiento a las instituciones democráticas de la Provincia, a su legislación y a los jueces de su máximo tribunal”. “Realmente nos sorprendió que la Corte nacional accediera a revisar el reclamo después de que su par de la Provincia reafirmara la autononomía de ésta en materia salud, por lo cual el tema no podía convertirse en un caso nacional”, explica María Isabel Reinoso, la presidenta de la entidad profesional.

Para el Colegio -que interviene en la causa como “tercero coadyuvante” por solicitud de Fiscalía de Estado y en representación de 7.600 profesionales del sector-, el hecho de que el reclamo llegara a la instancia actual sólo se entiende porque “dejó de ser un tema judicial para volverse político”. “Ocurre que uno de los principales accionistas de Farmacity, Mario Quintana, es hoy vice jefe de gabinete del Gobierno Nacional; y el estudio de abogados que inició las acciones de Farmacity contra la Provincia pertenece a Carlos Rosenkratz, quien ahora integra la Corte que deberá dirimir la cuestión”, señala Reinoso.

Si bien el Colegio logró, tras dos presentaciones, que Rosenkrantz se excusara de la causa, “eso no nos da mucha tranquilidad -asegura su presidenta-. No alcanza que se haya excusado, creemos que podría tener influencia sobre los otros magistrados. Lo que nos dejaría conformes es que la Corte actúe como corresponde respetando la autonomía de la Provincia en materia de Salud y rechazara el reclamo sin más trámite”.

Lo mismo señalan desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, organismo que intervendrá en la causa bajo la figura del amicus curiae para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos frente a la pretensión de Farmacity. “La empresa vinculada al vice jefe de Gabinete Mario Quintana pretende hacer de una ley a su medida violando todos los acuerdos parlamentarios. De la mano de quien fuera el abogado de la empresa y hoy ministro de la Corte, Carlos Rosencratz, ha llegado en queja a la Corte. Esperemos que no use su poder para vulnerar los derechos de los bonaerenses”, dice Guido Lorenzino, su titular.

Preocupado por esta posibilidad, el Defensor del Pueblo adelantó que realizará una presentación ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, y la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a fin de manifestarles que “en esta causa no resultan suficientes los mecanismos institucionales formales, como la excusación de un juez”.

“LIBRE COMPETENCIA”

Para la firma Farmacity, que hace una lectura completamente distinta del conflicto, el rechazo de la Provincia a su solicitud de instalación, más que resguardar los derechos de los bonaerenses les estaría impidiendo “acceder a un servicio de calidad”.

Al ser consultados por este diario, voceros de la firma explicaron que la decisión de recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia -“tras haber agotado todas las instancias administrativas” y cumplir con “todos los requisitos de habilitación y localización” requeridos- obedece a que se reconozca su derecho como sociedad anónima a “competir libremente con otras farmacias en la Provincia y brindar un servicio de calidad a los bonaerenses”.

Contra el argumento de la autonomía de la Provincia en materia de Salud que ha venido confirmando hasta ahora la Justicia, los abogados de Farmacity consideran que “la Ley provincial, de inferior jerarquía, viola normas nacionales que legislan sobre la propiedad de las farmacias, a la vez que afecta la prestación de un servicio esencial y el acceso a los medicamentos por parte de la población”.

En este sentido, desde la firma señalan que “tras veinte años de operación, Farmacity se encuentra radicada ya en 14 provincias, donde, la competencia ha logrado mejorar la performance de todo el sector a partir de una mejor calidad de prestación de un servicio esencial como la entrega de medicamentos, con trazabilidad controlada, y brindando empleo formal con capacitación permanente a profesionales farmacéuticos. Todo ello, teniendo como principales beneficiarios a los ciudadanos”.

MONEDA EN EL AIRE

“Los farmacéuticos bonaerenses no nos oponemos a que se instale Farmacity en la Provincia, lo que decimos es que debe hacerlo con las mismas condiciones que los demás, respetando la normativa vigente y la autonomía de la Provincia en materia de salud. No deben modificarse las leyes en favor de las empresas y en contra de la gente, ya sea Farmacity o cualquier otra”, replica la presidenta del Colegio provincial, María Isabel Reinoso, quien también preside la Confederación Farmacéutica Argentina.

A su entender, más que ofrecer un servicio de calidad, el desembarco de la cadena generaría un servicio para menos. Porque “si Farmacity logra que se termine declarando la inconstitucionalidad del artículo que hoy regula la localización de las farmacias para garantizar un servicio en todos lados, lo que va a ocurrir es que el resto de las farmacias buscará ubicarse también en los centros de mayor demanda dejando descubiertas pequeñas localidades y barrios que tienen menos demanda pero igual necesidad de acceso a medicamentos. Lo que estamos diciendo no es una hipótesis, ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires y también en Chile. Si se levanta la norma, se levanta para todos y no hay forma de garantizar el servicio en lugares donde no sea un negocio”, afirma.

Por otra parte está demostrado que con la normativa actual, que se aprobó en democracia y viene funcionando sin problemas desde hace treinta años, se logró una red capilar de farmacias en toda la Provincia, gracias a la cual hoy se dispone de servicios en localidades de 500 habitantes donde no hay siquiera médicos. No hay que perder de vista además que en la Provincia tenemos cinco millones de afiliados de Pami y dos millones de IOMA que necesitan de una red de farmacias bien distribuidas para acceder a los descuentos de la seguridad social”, agrega la presidenta del Colegio.

“Es un peligro que un grupo empresario no se adapte a una ley que lleva treinta años, que fue votada por todas las fuerzas políticas y que ha permitido que el acceso a los medicamentos a todos los bonaerenses hasta hoy. Nos preocupa que el poder económico y judicial atente contra los bonaerenses que terminarían comprando al precio que ellos dispongan y en los lugares que ellos quieren”, alerta por su parte el Defensor del Pueblo.

Lo cierto es que desde el momento en que la Corte aceptó revisar el caso de Farmacity, la moneda ya está en el aire, y así podría quedarse por una cantidad de tiempo incierto ya que el máximo tribunal no tiene plazos para tomar una decisión.

Origen: El trasfondo de una disputa que involucra a miembros de la Corte y el gobierno nacional – informacion-general

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