Un gobierno que no nos cuida 

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El último 18 de abril, en el marco de la presentación del “Compromiso Federal para la modernización del Estado”, el presidente Mauricio Macri anunciaba que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT), tardaría, a partir de ese anuncio, menos de 70 días hábiles para aprobar los estudios clínicos de autorización de nuevas drogas en el mercado farmacéutico. El plazo anterior, de 160 días hábiles, es el mismo que rige en Estados Unidos y en Europa. La disposición del Ejecutivo establece, además, que de no cumplirse con esos plazos, la aprobación se producirá de modo automático.

Para Macri, tras estos cambios, “el nivel de inversión se podría triplicar, y estamos hablando de pasar de 3 mil, 4 mil millones de pesos, a más de 12 mil millones de pesos. Pero lo más importante es que podemos multiplicar por seis la generación de empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo de altísima calidad”.

Una vez más: el gobierno nacional propone otorgar beneficios al empresariado multinacional a cambio de inversiones y empleos que nunca se producen. Un presente real contra un futuro escapista.

Claudio Capuano, master en Bioética y Derecho, relata los pasos para la aprobación de un nuevo medicamento, desde que llega a la ANMAT un protocolo de investigación: “Este organismo debe someter el protocolo a revisión científica, así como a la aprobación de un comité de ética de la investigación independiente de la ANMAT y de los patrocinadores que generalmente son la industria farmacéutica. Si luego de la revisión a que lo somete la ANMAT, científica y ética, es aprobado, aparece una disposición autorizante y comienza la etapa del ensayo clínico, reclutando personas llamadas técnicamente sujetos de investigación o probandos. Dependiendo de los resultados se llegará a la aprobación o no de la comercialización de un medicamento.”

Con el acortamiento de los tiempos de prueba de los protocolos de investigación, la industria farmacéutica ahorra dinero, pero en simultáneo, se aumenta el riesgo de los sujetos de investigación sobre los que se aplican las pruebas.

El gobierno nacional acompaña esta disposición con una serie de discursos que ponen en evidencia la lógica dominante del modelo neoliberal. Promete mayores inversiones y más empleo y, para ello, explica que es necesario modernizar el Estado con el fin de facilitar esos procesos de inversión y de creación de puestos de trabajo.

Modernización del Estado, en este caso, es un eufemismo que refiere a crear las condiciones para que los gobiernos expresen ciertos intereses: en un marco de competencia planetaria por las inversiones, se trata de ofrecerle a los grandes capitales trasnacionales las mejores condiciones para que elijan a la Argentina y no a otros países como lugar de radicación. Para ello, colocan al Estado nacional como expresión directa de esos intereses vulnerando, a la vez, los intereses de sectores o grupos sociales locales. Ya sea bajando los salarios para que caigan los costos de producción local de estos grandes conglomerados empresarios o, en este caso, reduciendo los tiempos de aprobación de los nuevos medicamentos, ahorrando dinero en las pruebas y acelerando la llegada al mercado de los nuevos productos.

Un interés se defiende siempre en contra de otro interés. En este caso, el interés de las grandes trasnacionales farmacéuticas se impone a expensas del riesgo para la vida, la integridad y la salud de miles de pacientes que son expuestos a las pruebas de estos medicamentos, con procedimientos abreviados y acelerados.

Horacio Verbitsky, en su nota del último domingo, dice: “La industria farmacéutica internacional busca desplazar las investigaciones a los países con menos controles y exigencias. Reducir el tiempo para autorizar el lanzamiento de un nuevo medicamento procura mostrar a esos gigantes que en la Argentina se aprueba un estudio en menos tiempo que en Chile, Brasil, México o Centroamérica, concebidos como competidores, y así atraer la mítica “lluvia de inversiones”.

Muchas de esas investigaciones, con procesos acelerados y abreviados, se realizarían con poblaciones vulnerables, como recién nacidos y menores de cuatro años y embarazadas.

Nuestro compromiso con las mayorías nacionales y populares, con la defensa de los intereses de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron pero son afectados por estas políticas, el ejercicio de nuestro deber de representarlos en el Congreso, nos obliga a tomar el tema en el nivel parlamentario. En este sentido, desde la Comisión de Acción Social y Salud Pública que presido en la Cámara de Diputados de la Nación, hemos realizado pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional, para que el gobierno explique cuáles son los términos de este acuerdo con los laboratorios internacionales.

El aumento de las ganancias de las empresas trasnacionales no puede producirse a costa de mayores riesgos para poblaciones ya vulnerables de nuestro país. La salud no puede contener procedimientos que maten.

Denunciar a un gobierno que no nos cuida y obrar en consecuencia no es sólo una cuestión política: es una cuestión elemental de derechos humanos.

* Diputada Nacional (FpV – Entre Ríos)

Presidenta de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación

Origen: Un gobierno que no nos cuida | Página12

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