Financiación pública, beneficios privados: el caso de un nuevo medicamento

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Fernando Lamata
Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad

En la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología celebrada en San Diego entre el 3 y el 6 de diciembre de este año, la compañía Kite Pharma anunció que en 2017 podría aprobarse la comercialización de su nueva inmunoterapia contra algunos tipos de linfoma, el KTE-C19. Es una buena noticia. La mala noticia es que, según informan Matt Ritchel y Andrew Pollack en The New York Times (19/12/2016), el precio por tratamiento podría ascender a 200.000 dólares (unos 190.000 euros).

Ante los elevadísimos precios de los nuevos medicamentos la industria suele argumentar que el coste de la investigación es muy alto. Ciertamente es alto, pero no tanto como para justificar esos precios: el gasto total de las empresas farmacéuticas en investigación es solamente un 16 % de las ventas, mucho menos de lo que gastan en marketing. Y se justifica mucho menos cuando, como ocurre aquí (y en muchos otros casos), el descubrimiento de este tratamiento se había hecho en un centro de investigación pública. En efecto, Ritchel y Pollack nos cuentan que el laboratorio del Dr. Rosenberg, en el Insituto Nacional del Cáncer (INC), que es un centro público, desarrolló esta inmunoterapia en el año 2009. Ese mismo año se fundó Kite Pharma. Posteriormente, el co-fundador de Kite Pharma, Dr. Belldegrun, que había sido colaborador (research fellow) del Dr. Rosenberg en el INC, visitó a su antiguo maestro y tuvo noticia del nuevo tratamiento. A partir de 2012 Kite Pharma firmó acuerdos con el INC para poder seguir desarrollando el producto mediante ensayos clínicos y preparar su comercialización.

Las acciones de Kite Pharma, que se pagaban a 25 dólares en el primer semestre de 2014, se pagan a 51 dólares en diciembre de 2016. El valor total de las acciones es hoy 1.990 millones de dólares. Lo que, al parecer, genera estas importantes ganancias es la expectativa de beneficios de los productos que está desarrollando. Por ejemplo, la previsión de ventas del nuevo medicamento se estima entre 1.000 y 2.000 millones dólares anuales, contando con fijar precios muy elevados. Si se fijaran precios en relación con lo que ha costado la investigación (los ensayos clínicos) y con lo que cuesta la fabricación del producto, se podría remunerar el trabajo del empresario de forma adecuada (5 %-10 % de beneficio), y no se cargaría a los pacientes y los contribuyentes con un gasto innecesario que, a veces, ni siquiera pueden o podemos pagar. El precio sería muchísimo menor.

Pero el accionista quiere más. En este caso, los accionistas institucionales de Kite Pharma son, entre otros, Capital Resarch Global Investors, Vangurard Group Inc, JP Morgan Chase & CO, Wildcat Capital Management LCC, Blackrock Fund Advisors, State Sreet Corp., etc. Entidades cuyo objetivo, lógicamente, es maximizar las ganancias. En este mercado de la bolsa, el medicamento se convierte en un producto financiero, donde, por ejemplo, los anuncios sobre las resoluciones de conflictos entre diferentes empresas en relación con la tramitación de patentes, o los anuncios en relación con los resultados de un ensayo clínico, hacen subir o bajar el valor de las acciones (y las ganancias de los ejecutivos de estas empresas) aunque no se haya aprobado o vendido todavía el producto. ¿Qué tiene esto que ver con la salud de los pacientes?

Sin embargo, en el otro lado de la mesa se echa de menos el papel de la Administración defendiendo los intereses de los pacientes (promoviendo que se investiguen medicamentos eficaces y seguros en los centros públicos y privados con financiación suficiente) y de la sociedad (garantizando que los precios sean ajustados a lo que ha costado desarrollar y fabricar el producto y no al máximo que puedan sacar las empresas con el poder del monopolio). Y, por supuesto, defendiendo los retornos de la inversión pública realizada.

El actual modelo por el que se financia la investigación de medicamentos es ineficiente y es injusto para la sociedad, aunque sea muy eficiente para las empresas y sus accionistas. En efecto, se da un monopolio a las empresas (a través de las patentes y la exclusividad de datos) para que carguen un sobre-precio en los medicamentos que pagan los pacientes y los sistemas de salud; pero no se controla si ese sobre-precio es exagerado. No se controlan los costes de I+D reales. No se tiene en cuenta tampoco, a la hora de aceptar un precio excesivo, si parte importante de esos costes ya fue financiada directamente por el sector público.

Podemos estimar que, debido a este sistema de monopolios y de la presión de los mercados financieros, hasta un 30% del gasto farmacéutico total es un gasto innecesario. En el caso de España, unos 7.000 millones de euros. Mucho dinero, que podría ir a otros fines sanitarios y otras políticas sociales, en beneficio de todos. Esta tendencia de fijar precios excesivos, si no se frena, puede llevar a dos consecuencias graves: la primera, que muchos pacientes no puedan acceder a los medicamentos que necesitan; la segunda, que el sistema sanitario público no se pueda seguir financiando y se permita su desmantelamiento en perjuicio de todos.

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