Argentina: Desbaratan una banda acusada de vender medicamentos abortivos

Trece personas fueron detenidas durante 18 allanamientos realizados desde la madrugada de anteayer, en el marco de una causa llevada adelante por la Fiscalía Federal N°8, a cargo de Juan Pedro Zoni, acompañado por Marcela Uset Ucha y Estaban Heldt, en la que se investiga una cadena de comercialización ilegal de medicamentos utilizados con fines abortivos.

En los procedimientos, realizados en la Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Mendoza, se secuestraron pastillas de Oxaprost y Cytotec -que contienen misoprostol-, viagra, facturas originales de la compra y venta ilegal, armas y dinero en efectivo.

La Fiscalía, al solicitarle la realización de los allanamientos al Juzgado Federal N°5 -Secretaría N°10-, hizo hincapié en que este tipo de modalidad delictiva crea “un serio peligro para la vida y la integridad física de las víctimas -amén del claro perjuicio a la salud pública-”, en tanto que “la distribución de estas drogas, sin ningún tipo de consejo médico, prescripción ni seguimiento puede acarrear graves problemas para quien las consuma”, poniendo en peligro las vida de las mujeres y de la población en general.

En ese sentido, durante la pesquisa se acreditó que al menos una mujer vio “seriamente afectada” su integridad física.

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El inicio de la investigación y el ascenso por la cadena de comercialización

La pesquisa comenzó en marzo de este año, a partir de una denuncia de la División de Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina. La dependencia realizó una búsqueda en Internet, que entre sus resultados arrojó una página web en la que una pareja ofrecía para la venta Oxaprost para “casos de embarazos no deseados”, como si fueran pastillas abortivas, además de asesoramiento “pos venta”.

La entrega del medicamento se realizaba a cambio de 3.000 pesos por 12 pastillas, las cuales alcanzan para cumplir el objetivo después del consumo intravaginal. Ambos imputados adquirirían los medicamentos de cuatro farmacias, todas ubicadas en la Capital Federal, y los revendían directamente a las usuarias.

A través de escuchas telefónicas, se pudo descubrir que no sólo se abastecían de las farmacias, sino que también lo hacían a través de otros dos proveedores. Así fue que se solicitaron más intervenciones telefónicas y se logró descubrir que ese negocio era mayor que lo que se estimaba, ya que éstos últimos contestaban cientos de mensajes de compradores y abastecían de la droga a todo el país.

A su vez, le proveían a otras personas que vendían en cantidades menores a las destinatarias finales. Los eslabones más bajos de la organización estarían integrados por otras siete personas.

Utilizando escuchas directas y seguimientos intensivos con la colaboración indispensable del cuerpo de investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y la mencionada División de Delitos contra la Salud, entre otras tareas investigativas, se logró identificar a los proveedores de los proveedores: se trata de otros dos hombres, quienes serían los encargados de obtener la materia prima e imponer el precio de venta y redistribución, a través de una sociedad domiciliada en Villa Martelli.

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Los acusados fueron detenidos en los allanamientos llevados a cabo ayer. Además de dinero en efectivo, medicamentos (400 pastillas de Cytotec, miles de viagra sin marca ni fecha) y armas de fuego, se encontraron facturas originales que darían cuenta que la droga era traída desde Inglaterra -tal como se había supuesto en el escrito donde la Fiscalía solicitó los procedimientos- a través de una persona con domicilio en Tandil y conexiones en la Aduana “lo suficientemente efectivas como para obtener medicamentos y redistribuirlos”.

Aprovechamiento del estado de vulnerabilidad

Zoni señaló que la comercialización de Oxaprost y Cytotec se realizó “aprovechándose del estado de vulnerabilidad de las consumidoras -obligadas a adentrarse en el mercado negro de venta de medicamentos de utilización abortiva- quienes ponen en riesgo su salud por miedo a la aplicación del castigo penal”, de manera que los acusados obtenían “un lucro económico en magnitudes importantes”.

En ese sentido, la venta se realizaba ocultando el carácter “altamente nocivo” de los medicamentos -que no están indicados como tratamientos abortivos- y recomendando de manera precaria el tratamiento y modo de administración sin título profesional habilitante, prescripción médica ni seguimiento profesional.

Al respecto, la Fiscalía reseñó que una mujer “evidentemente damnificada por el accionar oculto de los efectos nocivos del medicamento” pidió ayuda mediante mensajes de texto a uno de los imputados: “Hola buenas tarde yo compre las pastillas de usted y me salió mal hace 15 días q hice y dsd ese día no paro de sangrar y tengo mucho dolor me hice una ecografía y tengo resto me dicen q necesito un raspad y al hospital no puedo ir usted me puede decir q puedo hacer tomar o alguien q me pueda ayudar l dolor ya no aguanto x favor”. A ello, el acusado responde:“si, tenes q ir y que no sabes q te paso”. “Y no pueden decir nada”, concluyó. (fiscales.gob.ar)

 

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