Honduras: Dejan en libertad a vicepresidenta del Congreso quien vendía medicamentos de manera irregular

AP.- Tras permanecer 18 días bajo arresto domiciliario, la vicepresidenta del Congreso y diputada del oficialista Partido Nacional, Lena Gutiérrez, pagó el martes una fianza de 907.000 dólares para quedar en libertad mientras se defiende en un caso de venta irregular de medicamentos que ha sacudido al país y derivó en protestas multitudinarias contra la corrupción en Honduras.

“Mi defendida ya pagó la fianza”, dijo Eduardo Montes, abogado de la legisladora, en rueda de prensa. “Y ella se podrá incorporar a sus labores en el poder legislativo y a su vida normal”.

Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia -que lo nombró para que lleve el caso- impuso la sanción a Gutiérrez el 3 de julio.

Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud. La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.

La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, con una multa que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.

Además, el máximo tribunal le impuso a su padre Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de millón y medio de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, le ordenó pagar una fianza de un millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.

La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. También era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.

Montes aseguró que el resto de la familia Gutiérrez espera los resultados de la audiencia inicial fijada para el 30 de julio a fin de determinar si hacen o no efectivo el pago.

Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, así como de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras casi a diario contra la corrupción e incluso exigen la renuncia del presidente.

El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares. Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.

Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.

El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado, mientras más del 66% de los 8,6 millones de hondureños vive en la pobreza.

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