España: El comercio ilegal de fármacos se ‘topa’ con el nuevo código penal

imagen.aspxAlberto Cornejo / Madrid

La práctica ilícita con medicamentos ya acarreará penas de hasta cuatro años de prisión
Si bien no podía hablarse de lucha ‘en balde’, sí es cierto que los esfuerzos de las autoridades y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por descubrir y erradicar toda práctica ilícita con los medicamentos (comercio inverso, venta online…) no tenían hasta ahora la recompensa que merecían. Las laxas consecuencias que sufrían quienes operaban fraudulentamente con fármacos —meras sanciones administrativas en la mayoría de casos— no suponían la mejor ‘ayuda’ para disuadir de estas prácticas que eran así “rentables”.
Pero, ahora sí, con la ley han topado. En concreto, con la reforma del Código Penal aprobada el 21 de enero por el Congreso de los Diputados, y que, en lo que respecta al ámbito del medicamento, incorpora en nuestra legislación el ‘Convenio Medicrime’ firmado por España en agosto de 2013 junto a otros países internacionales. ¿Qué suponía este compromiso? Las sanciones administrativas por traficar con medicamentos dejan paso a las penas de prisión. Unas penas que oscilarán entre seis meses a cuatro años, si se demuestra en este extremo que cualquier operación ilegal con fármacos ha supuesto un riesgo para la salud o vida de personas.
En concreto, el nuevo texto indica que todo aquel “que fabrique, importe, exporte, ofrezca, intermedie, comercialice, facilite a terceros o posea con esta finalidad medicamentos (…) será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses e inhabilitación para ejercer la profesión”. No obstante, si con estas actividades ilícitas se hubiera creado “un peligro para la vida o la salud de las personas”, se impondrá una pena de prisión “de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación profesional de dos a cinco años”.
Cabe recordar que uno de los objetivos de la Guardia Civil en las últimas operaciones contra el tráfico ilegal de medicamentos destapadas en 2014 (Caduceo, Pharmakon, Convector y Noisa) era demostrar que la desviación de fármacos del canal legal y el consecuente desconocimiento sobre sus condiciones de almacenamiento o transporte ya supone por sí mismo “un riesgo para la salud pública”, independientemente del consumo final o no del medicamento, así como el mero desabastecimiento del producto en las farmacias. Lo mismo ocurriría con la venta ilegal por Internet, con el agravante de que muchos de ellos son falsificaciones o contienen ínfimas dosis medicamentosas.
Elaboración y alteración
Precisamente, la elaboración de ‘supuestos’ medicamentos o cualquier manipulación de los originales sin autorización para ello también quedan expresamente recogidas en el nuevo código penal.
Así, se establecen penas de prisión de seis meses a tres años al que “elabore o produzca un medicamento, principio activo, excipiente o producto sanitario sin autorización para ello (…)” así como otros “elementos y materiales que entren en la fabricación o estén destinados a ser utilizados en ellos y sean esenciales para su integridad” como envases, cartonajes, prospectos… Serán las mismas penas a imponer “a quien altere, al fabricarlo o elaborarlo en un momento posterior, la cantidad, dosis, caducidad o composición genuina”. No obstante, como ocurre con el comercio inverso, las penas pueden elevarse a cuatro años si hubiera creado un peligro para la salud.
Más de un centenar de boticas
La nueva legislación llega tras un intenso 2014 en el que se han desarticulado varias tramas dedicadas al comercio inverso de fármacos, en las que estaban implicadas más de un centenar de boticas y diversas short liners. Una lucha también intensificada en la red, donde se han clausurado cerca de un millar de webs desde 2011.
No obstante, el endurecimiento de los castigos era sumamente esperado en el seno de la Agencia Española del Medicamento —entidad que reclamó el cambio normativo al Ministerio de Sanidad— y las Fuerzas de Seguridad. Recientemente, la directora de la Agencia del Medicamento, Belén Crespo, reconocía que “las autoridades no tenemos capacidad por nosotras mismas para acabar con este negocio fraudulento”. Por su parte, desde la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil (grupo que ha coordinado las Operaciones Pharmakon y Noisa, entre otras) se han denunciado sus problemas para encajar estas prácticas en el código penal e imputar a estas “mafias” un delito contra la salud pública, lo que a veces propiciaba que se actuase exclusivamente por la vía de los delitos económicos (contra la Hacienda pública, blanqueo de dinero, insolvencia punible) y, por ende, menores castigos. Ya no será así.

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