Argentina: Ley de Genéricos, la comisión de Salud dio el visto bueno para profundizar la normativa

BUENOS AIRES, septiembre 25: Los diputados dieron dictamen favorable a la modificación de la Ley 25.649, que establece que las únicas recetas válidas sean las que llevan nombre genérico o la denominación común argentina. “Es un paso importantísimo, porque será el ciudadano quien pueda elegir según el precio del medicamento”, dijo la titular de la comisión.

Las nuevas pujas con la industria farmacéutica pusieron en marcha una serie de medidas legislativas para frenar los supuestos abusos de laboratorios y productores de medicamentos. En este camino, el gobierno nacional aportó a dos instrumentos legislativos: la ley de producción pública de medicamentos y la ley de genéricos. La primera fue reglamentada luego de varios años de aprobación, mientras que la segunda se buscó reformarla, para profundizar la prescripción por droga y no por marca. Esta reforma tuvo ayer el visto bueno de la comisión de Salud de la cámara de Diputados, que aprobó una serie de modificaciones, que ahora deberán ser tratadas en sesión. Los legisladores destacaron el paso dado, ya que afirman a partir de este “será el ciudadano quien pueda elegir según el precio del medicamento”.

En concreto, la comisión dio dictamen favorable a la modificación de dos artículos de la Ley 25.649, popularmente conocida como Ley de Genéricos. Con la misma, se ponen límites a los precios de los medicamentos, y se obliga a los médicos a prescribir medicamentos por nombre genérico o por la denominación común argentina, no comercial.

Según informó la titular de la comisión, la diputada Andrea García, ayer se alcanzó un dictamen de mayoría para la modificación al artículo 2 de la ley de medicamentos genéricos, obligando a la utilización “sólo del nombre genérico o denominación común argentina a la hora de prescribir una receta”. Además, se incorporó una modificación al artículo 3 de la misma ley donde se establece que si la prescripción no se realiza por nombre genérico, la receta carece de valor para autorizar el expendio del medicamento y también para ser abonada por organismos de seguridad social, obras sociales, medicina prepagas u organismos del Estado.

“Es un paso importantísimo haber aprobado en nuestra comisión la modificación de la ley de genéricos, puesto que será el ciudadano quien pueda elegir según el precio del medicamento. Esta ruptura con el modelo histórico que a los pacientes nos dejó prisioneros de intereses económicos hegemónicos, busca transparentar el mercado de los medicamentos y fundamentalmente que los argentinos tengamos mayor acceso a los mismos pudiendo adquirir el medicamento más barato”, remarco la legisladora.

La ley de genéricos fue aprobada en agosto de 2002, un proyecto que contó con un amplio respaldo del justicialismo, el ARI, el radicalismo, Polo Social, Frente para el Cambio, los partidos provinciales, y sólo anunciaron su voto negativo Marta Alarcia y se abstuvieron los legisladores de Autodeterminación y Libertad. Según cálculos extraoficiales del Ministerio de Salud en esos días, con la sanción de esta ley “se podría ahorrar un 60 por ciento los costos en medicamentos de la población, que representarían una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos anuales”.

El ex ministro de Salud Ginés González García es el creador de la ley. “En su momento fue impresionante. Generó una disminución del precio de los medicamentos. Frenó notablemente la suba en un momento inflacionario de la Argentina y recuperó muchísimo el acceso de la gente. El único que elegía el medicamento era el médico, con la política de prescripción por nombre genérico lo hizo el paciente”, dijo en un reciente reportaje el ex funcionario.

Actualmente, su cumplimiento bajo de manera estruendosa. Un seguimiento realizado por el diario La Nación determinó que “sólo entre el 20 y el 25 por ciento de las prescripciones de remedios se hace por el nombre de la droga”. Lo sorprendente es que en 2003, a un año de la puesta en marcha de la ley las recetas que estaban dentro de esa normativa superaban el 70 por ciento. El diario explicó que “el diagnóstico resultó coincidente: una de cada cuatro recetas que presentan los clientes incluye sólo el nombre del principio activo”. Ya en 2011, insiste La Nación, el porcentaje había descendido al 20 por ciento, según mostró entonces un relevamiento hecho a pedido de la industria farmacéutica