España: Un juzgado rechaza suspender la cuarta subasta de fármacos

“Las alegaciones de la Abogacía del Estado carecen de entidad suficiente”

Consejera de Salud María José Sánchez Rubio.

El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta en torno a la subasta de fármacos se ha vuelto a librar en los tribunales. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Sevilla ha rechazado la petición del Abogado del Estado de suspender cautelarmente la cuarta convocatoria de la Administración andaluza, abierta en abril y resuelta a finales de julio. Según el auto, que también hace referencia a anteriores resoluciones del Tribunal Constitucional, “las alegaciones formuladas por la Abogacía del Estado para pedir la suspensión del procedimiento, carecen de entidad suficiente”.

Entre los argumentos dados por el Gobierno central —que desde 2012 ha obligado a parar dos veces el proceso por recursos al Constitucional—, el juez rechaza que la medida de la Junta impida a los pacientes andaluces a acceder a determinados fármacos y que fomente “la creación de monopolios de oferta regionales”. El magistrado añade que no queda acreditado que la normativa estatal garantice que el ahorro sea mayor. En este sentido, recuerda que la Junta prevé ahorrar con esta medida 44 millones este año y en más de 200 millones en ejercicios presupuestarios posteriores. “Cifra, aún tratándose de una estimación, suficientemente ilustrativa”, según el auto. Las tres subastas anteriores han supuesto un ahorro de 104 millones, un tercio de lo esperado cuando se convocaron (300 millones). “Vamos a seguir adelante porque estamos avalados y autorizados para hacerlo, y porque no sólo no perjudica sino que beneficia al sistema porque facilita su sostenibilidad”, ha afirmado la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio.

Según la consejera, el procedimiento de selección de medicamentos permitirá un ahorro “fundamental”, especialmente teniendo en cuenta “el recorte sistemático del Gobierno de España en los Presupuestos, que afecta directamente al sistema sanitario”, pero además “si hay problemas en un suministro la ley permite dispensar otro tipo de medicamento”, ha mantenido, informa Efe.

La diputada del PP Ana Corredera ha acusado a la Junta de seguir “erre que erre” a pesar de los “recursos y protestas” del sector y de negarse a reconocer que es un sistema “discriminatorio” para los enfermos andaluces, que “no tienen acceso a los mismos medicamentos que en otras comunidades”. Ha señalado que se produce una “gran desigualdad” en detrimento de los ciudadanos andaluces y ha argumentado que la competencia la tiene en exclusiva en Gobierno nacional “para garantizar al accesibilidad a los medicamentos como principio de solidaridad en todos los territorios del Estado y mantener un mercado único”.