Uruguay: Salud Pública intervendrá el mercado de los medicamentos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) está decidido a regular el mercado de los medicamentos y trabaja en una política farmacéutica a nivel nacional que garantice el acceso equitativo de los usuarios a los fármacos, el uso racional y el costos de los mismos.

“Estamos trabajando, tal vez desemboque en un marco normativo vinculado en estatus de ley. Digo tal vez porque puede ser en un decreto presidencial, no lo sé, me excede”, dijo a El País la directora de Salud y responsable del desarrollo de la política dentro del MSP, Marlene Sica.

La jerarca prefirió no entrar en los detalles del proyecto, pero aseguró que “nadie puede estar en desacuerdo con estos principios rectores”, los cuales además están enmarcados en planteos y exhortaciones internacionales.

La idea es que esto quede pronto antes de que finalice este período de gobierno.

“Espero poder consolidarlo antes de que termine porque es una necesidad que el país tiene y una obligación desde el punto de vista técnico. Esto no pretende ni limitar ni dar respuesta a muchos de otros problemas, es simplemente el puntapié inicial para enmarcar otras discusiones en el país”, afirmó.

Para regular el mercado de los medicamentos, el gobierno dio ya el primer paso con el decreto que impide los oligopolios en la industria, es decir, a una sola cadena de farmacias tener más de 15 locales comerciales en el país.

Las únicas dos cadenas de farmacias que superan esta cifra son Farmashop, que opera 92, y San Roque, que tiene 35.

En ambos casos ya presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el decreto. Además, Farmashop prepara una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, al que reclamará una reparación económica y que interceda ante el Estado uruguayo para lograr una conciliación entre las partes.

Farmashop sostiene que el decreto “lesiona el principio constitucional de igualdad, cuando impide en forma arbitraria la venta de productos por Internet o a través de un call center, mientras que otros operadores de mercado lo pueden hacer sin obstáculo (como supermercados, pañaleras, etc.)”.

Por otra parte, advierte una violación al artículo 7º de la Constitución sobre derecho a seguridad jurídica, porque “implica un brusco cambio en las condiciones bajo las cuales se venía realizando una actividad lícita por muchos años”.

 

Farmashop manifiesta que ahora “no puede vender su negocio salvo que lo desmembre, con las pérdidas que eso genera” y argumenta que los rótulos de “concentración” o “monopolio” no se corresponden con un mercado en el que Farmashop tiene 9,4% de los locales. Además, se acusa que el decreto es “ilegítimo” ya que “no fue dictado en acuerdo con la cartera competente”, en referencia a la de Economía y Finanzas.