México: Farmacéuticas son sancionadas por estafar al Seguro Popular

GUANAJUATO, Gto., (proceso.com.mx).- Empresas farmacéuticas que han sido cuestionadas por abastecer y distribuir los medicamentos del Seguro Popular, serán obligadas a devolver más de 5 millones y medio de pesos al erario porque sustituyeron sin previo aviso un medicamento por otro de más bajo precio y obtuvieron una ganancia indebida.

Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico (ambas sociedades anónimas de capital variable) fueron sancionadas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado (STyRC) después de una revisión efectuada al servicio integral de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos y material de curación en el último año.

Dichas empresas resultaron favorecidas con el contrato otorgado por el gobierno del estado para efectuar esta prestación en mayo del año pasado, a pesar de las objeciones que públicamente se hicieron tras conocer antecedentes de incumplimientos en otras entidades y al Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente de parte de Intercontinental.

Durante la pasada glosa del informe del gobernador Miguel Márquez Márquez, el diputado Sergio Contreras, del Partido Verde Ecologista, denunció la adquisición de medicamentos por parte de estas empresas con sobreprecios.

Cuando se le inquirió a la Secretaría de la Transparencia sobre la vigilancia al ejercicio del contrato por parte de las distribuidoras, la titular de la dependencia, Isabel Tinoco, reveló que esta instancia no había intervenido en el proceso de contratación.

Sin embargo, finalmente la STyRC reveló, mediante un comunicado de prensa divulgado el viernes por la noche, que tras la fiscalización al contrato de adquisición y distribución de medicamentos para los derechohabientes del Seguro Popular en la entidad, encontró que las dos empresas surtían un medicamento cuyo principio activo es la insulina glargina, etiquetado bajo una clave incluida en el contrato, mismo que posteriormente cambiaron por otro de distinta marca y laboratorio.

Este cambio ocasionó una diferencia de costos que alcanzó los 5 millones 578 mil pesos, en beneficio de las empresas.

Por ello, la Secretaría de la Transparencia giró los oficios 4415 y 4416 al Instituto de Salud Pública del Estado (ISAPEG) y a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, respectivamente, ”a fin de solicitar la restitución inmediata a favor del Estado por el diferencial de costos”.

Además, la dependencia recomendó al ISAPEG y a la Secretaría de Finanzas establecer un anexo en las bases de licitación para detallar los elementos que componen el precio integrado total y los precios de referencia de medicamentos y material de curación, para que el material que sea incluido en la licitación no exceda los precios de mercado.

Incluso, recomendó al Instituto de Salud Pública efectuar un estudio de mercado de todos los medicamentos y material incluido en el próximo contrato, y revisar semestralmente los precios, así como diseñar un contrato que favorezca la transparencia en las operaciones comerciales con los proveedores.

La dependencia también sugirió que las empresas ganadoras se deberán comprometer a otorgar descuentos graduales al gobierno estatal con base en los volúmenes comprometidos cada mes.

Al conocer la determinación de la STyRC, el diputado del Partido Verde recordó que en su denuncia inicial reveló que hay más de 600 medicamentos adquiridos a un sobreprecio cercano al 20 %, “por lo que exigiremos que, una vez terminadas las auditorías fiscalizadora, cada peso entregado en exceso sea restituido”.

Sergio Contreras calificó la medida anunciada como un primer paso para atender las denuncias que se han hecho sobre las irregularidades en la adquisición y suministro de medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato, “pero no es suficiente”, por lo que advirtió que el Partido Verde continuará investigando el desempeño de las empresas y las condiciones del contrato con el gobierno.

El contrato para la prestación de este servicio con las empresas ahora sancionadas concluyó en mayo pasado. Sin embargo, el gobierno estatal no ha determinado la convocatoria para el siguiente lapso.