‘No disparen al farmacéutico’

Foto: El Mundo

Por: Eduardo Satué* | Madrid.

Hoy, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. En esta fecha se quiere llamar la atención sobre la relevancia que este profesional sanitario tiene para el uso responsable de los medicamentos. Sin embargo, esta celebración se produce justo un día después de que se haya generado controversia por el hecho de que los farmacéuticos podamos conocer, debido de la introducción de códigos específicos en las recetas, el estado de salud de algunos grupos de pacientes, concretamente de personas seropositivas (VIH).

Resulta curioso que en estos tiempos, en los que tanto se habla del ‘despilfarro del (mal llamado) gasto farmacéutico’ y de rebajar su coste, apenas se comente uno mucho más grave como es el ‘despilfarro del farmacéutico’ o, lo que es lo mismo, su tremenda infrautilización como profesional sanitario. Y es que no tiene sentido dedicar cinco años de universidad a esta formación si luego no se le va a sacar el máximo partido en el sistema de salud.

El caso citado anteriormente, con los pacientes seropositivos, es un claro exponente de ello: ¿Cómo es posible que se pueda dudar del secreto profesional del farmacéutico o de su cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos? ¿Por qué se ponen reparos a esta situación y no al acceso a la renta de los pacientes para aplicar el nuevo copago? ¿Acaso no queremos que los pacientes tengan la mejor atención posible? Y esa atención, ¿no será mejor cuanto más conozca sobre el paciente el profesional sanitario implicado en su tratamiento?

Quizá la respuesta se encuentre en el hecho de que desde algunos ángulos (sociales y, sobre todo, administrativos) se sigue viendo, desgraciadamente, al farmacéutico comunitario como un simple intermediario burocrático. Es más, resulta paradójico que las administraciones que identifican en las recetas el estado de salud de algunos pacientes sean las mismas que en muchas ocasiones niegan la reivindicación del farmacéutico de acceder al historial farmacoterapéutico de sus pacientes (aun cuando tengan su consentimiento).

El medicamento precisa de un uso racional que se basa en que sea necesario, efectivo y seguro. Son muchas las complejidades que lo rodean y como prueba de ello hay estudios que demuestran que una de cada tres visitas a urgencias se produce por un problema relacionado con el medicamento, lo cual puede dar idea del coste sanitario de no usarlo correctamente, más allá del precio que tenga el medicamento en sí. En España disponemos de una de las redes de farmacias más numerosas y extendidas del mundo pero, lamentablemente, el nivel competencial del farmacéutico comunitario es uno de los más limitados de los países avanzados.

Podemos decir que la legislación española magnifica el papel administrativo del farmacéutico, concediéndole muchas herramientas, pero minimiza sus funciones sanitarias, provocando así una pérdida de oportunidad muy notable en la mejora de su uso. Por ejemplo, el farmacéutico carece de acceso a la información clínica necesaria para supervisar el correcto uso del medicamento en el paciente y difícilmente se puede evitar una contraindicación o una intolerancia si no se tiene acceso a esta información. Además, conviene recordar como decíamos al inicio de este artículo, que la farmacia está igual de obligada que, por ejemplo, un hospital, tanto deontológicamente como por la Ley de Protección de Datos, a guardar estricta confidencialidad de los datos de sus pacientes y que el paciente es libre de elegir la farmacia adónde acudir.

Otra muestra de las inconsistencias del actual modelo competencial del farmacéutico es que apenas existe capacidad de sustituir un medicamento, ni siquiera en caso de urgencia, lo que conlleva no pocos trastornos a los pacientes. Las sustituciones se limitan al número de pastillas o a unas pocas formas farmacéuticas (sobres por pastillas, por ejemplo). Esto contrasta con el papel en otros países, donde el farmacéutico no sólo puede modificar formas o dosis si lo ve aconsejable (siempre en coordinación con el médico), sino incluso alargar prescripciones o sustituir por medicamentos similares. La inconsistencia se da en que el farmacéutico está obligado por ley a sustituir por el medicamento bioequivalente de menor precio, al margen de si el cambio de excipientes puede provocar algún problema en el paciente (algo que desconoce ya que no tiene acceso a la información clínica).

Por último, no existe un sistema que incentive la detección de errores de prescripción, ni por posibilidad de comunicación con el médico ni por retribución. En caso de detectarse alguna circunstancia que aconseje modificar un tratamiento, el farmacéutico no sólo no recibe retribución por ello sino que la comunicación con el médico a fin de corregirla no está garantizada. Cabe señalar como paradoja la novedad de que el farmacéutico puede bloquear la dispensación de un medicamento sólo ‘en caso de riesgo grave y evidente para la salud’; un paso positivo, pero curiosamente apenas basta ‘una duda razonable’ sobre la validez administrativa de una receta para tener que bloquearla obligatoriamente.

En definitiva, la farmacia española tiene un inmenso potencial por explotar en el campo de la atención farmacéutica merced a su accesibilidad y calidad. Por eso hoy, Día Mundial del Farmacéutico, estaría bien que se plantee la necesidad de introducir cambios profesionales y legales para lograr un mayor control del medicamento, un bien que puede ser preciado o un peligro según cómo se use.


* Eduardo Satué es presidente de la delegación de Aragón de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC Aragón)